Cumpliendo con lo establecido, Fundación PRODE ha implantado el Sistema interno de información que recoge la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Con la aprobación de esta ley se incorpora la Directiva de la Unión Europea para que toda aquella persona física que sea conocedora, en un contexto laboral, de una infracción del Derecho, pueda dar a conocer la existencia de la misma, siempre teniendo en cuenta dos claros objetivos: proteger a los informantes y establecer las normas mínimas de los canales de información.
Según dicha ley, es fundamental proteger a las personas que, en un contexto laboral o profesional, detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves. Siendo la colaboración ciudadana indispensable para la eficacia del Derecho, también es indispensable que el ordenamiento jurídico proteja a la ciudadanía cuando muestra una conducta valiente de clara utilidad pública, resultando importante asentar en la sociedad la conciencia de que debe perseguirse a quienes quebrantan la ley y que no deben consentirse ni silenciarse los incumplimientos.
Para ello, el Sistema interno de información será el buzón o cauce para la recepción de la información, habiéndose designado un responsable para su correcto funcionamiento. Todo ello bajo las premisas de un uso asequible, garantías de confidencialidad, prácticas correctas de seguimiento, investigación y protección del informante, permitiendo la comunicación anónima. Por supuesto, quedarán fuera de su ámbito la remisión de informaciones faltas o tergiversadas, así como aquellas obtenidas de manera ilícita. Quedarán protegidas aquellas personas informantes con vínculos profesionales o laborales, de voluntariado, profesionales en prácticas y personas que participan en procesos de selección, así como aquellas personas a las que se refieran los hechos relatados en la comunicación.
Esta actuación viene a completar la tarea global del diseño y puesta en marcha en la Organización del Sistema de Buen Gobierno, sobre el que ha estado trabajando durante más de un año una comisión de profesionales creada al efecto y cuya pretensión es aportar seguridad económica y jurídica, con una gestión adecuada y transparente, fomentando el crecimiento sostenible de la Organización y la creación de valor.
