En la última intervención del I Congreso Jurídico Nacional sobre Discapacidad “Ciudad de Córdoba”, decía Rafael Armesto del Campillo, abogado de la Fundación Futubide, que sería importante que no sucediera con la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, lo que sucedió con la reforma del Código Civil de 1983 en materia de tutela, que “aunque en estos momentos hay que meterla en un cajón, cuando se publicó supuso una revolución por la que se podían hacer muchas cosas para evitar el estigma de la incapacitación, pero no se supo desarrollar en los términos más deseables”. Precisamente, este congreso organizado en Córdoba viene a ser una muestra clara del esfuerzo para llevar a buen término la aplicación de esta nueva Ley en los términos que exige la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006, destinada a proteger los derechos y dignidad de las personas con discapacidad. De este modo, en el congreso se ha hablado de los apoyos e instrumentos notariales, guarda de hecho, curatela, defensor judicial, aspectos procesales y revisión de sentencias, derecho a entender y ser atendido, papel de las fundaciones de apoyo, etc., y se han tocado aspectos importantes en lo relativo al Derecho penal o al Derecho de las personas con discapacidad como consumidoras.

Como expresa Fernando Santos Urbaneja, Fiscal delegado de la Sección de apoyo a las personas con discapacidad y mayores en Andalucía, en su libro “Sistema de apoyo jurídico a las personas con discapacidad tras la Ley 8/2021 de 2 de junio”: «Cuando la sociedad cambia, cambia el Derecho. A veces, el Derecho quiere cambiar a la sociedad». Desde este congreso, organizado por el Colegio de la abogacía de Córdoba, se da un impulso para que todos los actores del ámbito jurídico y social se sientan acompañados en el camino que han de recorrer las personas con discapacidad para que puedan vivir como personas de pleno derecho a través de la aplicación de esta nueva Ley, que supone un hito revolucionario. Así, este gran evento aporta un nuevo granito de arena para iluminar y liderar el cambio hacia una sociedad mejor y más justa para las personas con discapacidad.

Como todo aquello que merece la pena, costará trabajo llegar al mejor de los resultados, pero cierto es que, teniendo el marco normativo adecuado, para su mejor desarrollo y aplicación es imprescindible la concienciación y compromiso de las propias personas con discapacidad y sus familias, magistrados, fiscales, notarios, profesionales de la abogacía y el trabajo social, asociaciones y fundaciones y toda la sociedad en su conjunto. Todos somos corresponsables de hacer realidad el sueño de que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de vivir sintiéndose libres para poder decidir lo que quieren para sus vidas según su voluntad, deseos y preferencias, condición imprescindible para que el ser humano sea feliz.