En España solo trabaja una de cada cuatro personas con discapacidad. Este dato evidencia el fracaso de la sociedad en su conjunto para garantizar el derecho constitucional al trabajo de todas las personas en condiciones de igualdad. Tal circunstancia disminuye las posibilidades de las personas con discapacidad para tener un proyecto de vida propio, quedando vulnerado su derecho a la vida independiente. Igualmente, es difícilmente posible la inclusión real para aquellas personas que no tienen la opción de acceder a un empleo o una ocupación con sentido. Asimismo, y con una mayor gravedad, el 65,4% de las personas con discapacidad son inactivas, es decir, están totalmente desvinculadas del mercado laboral, quedando acreditado, por tanto, que se trata de un problema estructural que supone que una de cada tres personas con discapacidad esté en riesgo de pobreza y/o exclusión.
En la mejora de la situación crítica del colectivo en el ámbito laboral, tienen un papel esencial las organizaciones cuyo propósito es mejorar la vida de las personas con discapacidad, que pueden enfocar la situación y actuar desde tres perspectivas estratégicas:
En primer lugar, la responsabilidad y el compromiso de las entidades se demuestran poniendo en marcha proyectos de emprendimiento sociolaboral que generen oportunidades de empleo. De los 114.315 contratos específicos a personas con discapacidad en el año 2021, el 75,1% se llevaron a cabo en centros especiales de empleo, convirtiéndose en la herramienta más importante en la lucha contra la discriminación laboral que sufren las personas con discapacidad. Dentro de estos, cabe destacar a los centros especiales de empleo de iniciativa social promovidos por organizaciones sin ánimo de lucro, ya que anteponen el bienestar de las personas a cualquier otro interés.
En segundo lugar, es determinante que las organizaciones diversifiquen sus proyectos de emprendimiento y apuesten por iniciativas económicas sostenibles, con dos objetivos: el primero es luchar contra la precariedad laboral vinculada a algunas actividades del sector servicios y la agricultura; y el segundo es constituirse como organizaciones más sostenibles desde el punto de vista económico, promoviendo inversiones en los sectores industrial y tecnológico, la economía circular y la transición ecológica, ya que permiten la creación de empleos menos precarios y más sostenibles y estables. Actualmente, solo el 11% de las contrataciones de personas con discapacidad se producen en el sector industrial, siendo mayoritarias las contrataciones en el sector servicios con un 78,21%. Por ende, no se trata solo de emprender para generar empleo. Se trata de diversificar para garantizar la continuidad de las organizaciones en el tiempo, disminuyendo el riesgo y generando empleos sólidos y estables. Así, el volumen de actividad generado en una organización por actividades del sector industrial debe representar entre un 20% y un 30% respecto del total de los ingresos de la entidad.
Por último, la conexión entre el emprendimiento social y la formación es clave. Según el Servicio Público de Empleo Estatal, los demandantes de empleo de larga duración con discapacidad, con estudios primarios o educación secundaria obligatoria constituyen el 75,06% respecto del total, existiendo muchas más posibilidades de empleabilidad para aquellas personas capacitadas mediante estudios de formación profesional, especialmente si se trata de formación dual. Por tanto, se hace imprescindible que las organizaciones cuenten con un servicio de orientación, un departamento de formación y una escuela profesional que planifiquen y ejecuten una planificación innovadora de la capacitación, que sea ambiciosa, eficaz y orientada a la empleabilidad en actividades diversificadas.
