La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, habla del derecho universal a una educación inclusiva en estos términos: “Garantizar el derecho a la educación inclusiva conlleva una transformación de la cultura, la política y la práctica en todos los entornos educativos formales e informales para dar cabida a las diferentes necesidades e identidades de cada alumno, así como el compromiso de eliminar los obstáculos que impiden esa posibilidad”
La LOMLOE, apoyada en una política educativa internacional, materializada particularmente en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, proclama la equidad, la inclusión educativa y la accesibilidad universal como principios de la educación.
Sin embargo, este desarrollo normativo, aunque diseña una realidad alentadora, no garantiza que el sistema educativo actual sea inclusivo, equitativo y accesible.
Esto se evidencia cada día en la realidad de menores con diversidad funcional a los que se les etiqueta con dictámenes de escolarización, que ponen el acento en las limitaciones más que en los apoyos; a los que se les cierra el acceso a determinados centros educativos y se les aísla para recibir una serie de recursos, que la ordenación educativa circunscribe a determinados entornos físicos excluyentes. Ello impide la coordinación real con otros recursos del entorno en aras de un currículum inflexible, que dificulta un entorno colaborativo de trabajo que potencie los apoyos que recibe el menor y su familia.
Ante esta realidad, no queda otro camino que seguir evidenciando y denunciando la exclusión hasta que se logre un sistema educativo que no pregunte, como dice el profesor Calderón Almendros de la Universidad de Málaga, “qué le pasa a tu hijo sino qué podemos hacer para que tu hijo esté en la escuela”.
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