[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″ shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_link_target=»_self» column_shadow=»none» column_border_radius=»none» width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» column_border_width=»none» column_border_style=»solid» bg_image_animation=»none»][vc_column_text]¿Qué encuentra una familia que acude al CAIT?

La atención temprana es un servicio público cuyo objetivo es el acompañamiento en el desarrollo del menor. Una familia llega al centro derivada por su pediatra o médico especialista, debido a las necesidades transitorias o permanentes de apoyo detectadas en su hijo o hija, menor de 6 años.

Desde el principio de la derivación, la familia cuenta con un acompañamiento por parte de psicólogos, logopedas y fisioterapeutas especialistas en desarrollo infantil y con amplia experiencia en tratamientos de diferentes necesidades de apoyo. La labor de los profesionales del CAIT no se limita a la atención directa del menor sino que implica apoyo, asesoramiento, acompañamiento e intervención en entornos naturales para que el/la menor consiga la máxima autonomía posible y pueda implicarse y participar en los contextos escolar, familiar y social.

¿Cuál es la situación actual de la atención temprana?

Vivimos un momento histórico en la atención temprana desde que, en agosto de 2020, la Consejería de Salud y Familias inició el procedimiento de concierto social para la prestación de la atención temprana en Andalucía. Un proceso que facilita la consolidación del servicio como un derecho universal, gratuito, descentralizado y accesible.

Aunque, para que estos principios sean una realidad, el procedimiento debe garantizar, en mi opinión, que los CAIT prestadores del servicio, tengan la suficiente solvencia, no solo económica, material o profesional sino que contemplen dentro de su misión una apuesta potente por la felicidad de las familias y los/las menores que atiende. Y aunque sea difícil evaluarlo, es necesario buscar indicadores para comprobar que el impacto provocado en las vidas de las personas es el esperado; estos estándares deberían tener la misma importancia o más que los objetivos de eficiencia que debe alcanzar cualquier servicio público.

 

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