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El empleo constituye un factor clave en el proceso de inclusión social de las personas. Además de proporcionar un sustento económico nos reporta innumerables beneficios psicológicos, sociales, vinculados a la salud, entre otros. Por tanto, disponer de un trabajo o, por el contrario, estar al margen de las actividades profesionales reguladas por el mercado laboral son dos circunstancias opuestas que condicionan significativamente el bienestar material y/o emocional, las relaciones interpersonales, la seguridad, la salud, etc., en definitiva, la calidad de vida. Tal y como se encuentra el mercado de trabajo en nuestro contexto socioeconómico, acceder a un puesto de trabajo estable y suficientemente bien remunerado resulta una tarea harto complicada para cualquiera, pero si además la persona sufre una discapacidad, las posibilidades se ven notablemente mermadas. No digamos si se trata de una discapacidad intelectual o una enfermedad mental.

Para comprender esta difícil situación hemos recurrido al informe que el INE publica con carácter anual, bajo el título: “El Empleo de las Personas con Discapacidad”, cuyos datos corresponden a 2017 (publicado el 19 diciembre de 2018). En este año se registran en nuestro país 1.860.600 personas con discapacidad en edad de trabajar (de 16 a 64 años), lo que supuso el 6,2% de la población total en edad laboral. De esta cifra, sólo 651.700 eran activos. Dentro de esta población activa con discapacidad se observó mayor porcentaje de hombres, más peso del grupo de 45 a 64 años y menor representación de personas con estudios superiores que en los activos sin discapacidad.

El dato que más llama la atención respecto al colectivo de personas con discapacidad es su baja participación en el mercado laboral. En 2017 su tasa de actividad fue del 35,0% (dos décimas menos que en 2016), lo que supuso más de 42 puntos inferior a la de la población sin discapacidad. La tasa de empleo fue del 25,9%, más de 38 puntos inferior a la de las personas sin discapacidad. Dicha tasa aumentó 0,8 puntos respecto a 2016. Por su parte, la tasa de paro superó en más de nueve puntos a la de la población sin discapacidad (26,2% frente a 17,1%). Respecto al año 2016 la tasa de paro se redujo 2,4 puntos, lo mismo que en el caso de las personas sin discapacidad.

discapacidad, empleo, Fundación PRODE, PRODEFUENTE: El Empleo de las Personas con Discapacidad (INE, 2018)

La participación laboral está muy determinada por el tipo e intensidad de la discapacidad. Las personas con deficiencias auditivas presentaron las mayores tasas de actividad (58,1%) y las que tenían un discapacidad de índole intelectual o mental, las menores (31,1%).

Si atendemos a la variable “sexo”, al igual que sucede para la población general, las mujeres con discapacidad tenían menos presencia activa en el mercado laboral. No obstante, su tasa de actividad estaba más próxima a la masculina que en la población sin discapacidad (35,0% frente a 35,1%).

La tasa de empleo de los hombres con discapacidad superó en 0,4 puntos a la de las mujeres. Para el resto de la población de 16 a 64 años, la diferencia fue de 12,6 puntos. Por su parte, la tasa de paro de las mujeres con discapacidad fue superior a la de los hombres en 0,9 puntos. Para las mujeres sin discapacidad fue mayor en 3,5 puntos.

Tras efectuar un somero análisis de los datos apuntados, podemos obtener algunas conclusiones:

  • Es un hecho que las personas con discapacidad se encuentran con más dificultades y barreras de todo tipo en su acceso al mundo laboral que el resto de los ciudadanos y ciudadanas sin discapacidad. Este es uno de los motivos (que no el único) por el que este colectivo está sometido a serios riesgos de exclusión social y pobreza. Circunstancia que no podemos pasar por alto.
  • Se detectan también diferencias significativas en las probabilidades de estar activo frente a las de estar inactivo según el sexo y la tipología de las discapacidades padecidas, quedando patente la necesidad de poner en marcha medidas activas dirigidas a colectividades de personas con discapacidad con mayor riesgo de exclusión del mercado laboral, como son los casos de las mujeres, los más jóvenes o las personas con discapacidad intelectual, para quienes el desempleo puede tener consecuencias aún más nocivas y excluyentes.
  • La sociedad ha de prestar la atención que merece el colectivo de personas con discapacidad, no solo por su volumen poblacional sino por su capacidad de participar y transformar la sociedad si se logran eliminar ciertas barreras y se le brindan las oportunidades  de las que goza el resto de la ciudadanía. Es cuestión de derechos y justicia social.

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Ante la pregunta con la que se iniciaba este artículo hemos de decir que, aunque la dignidad y la ciudadanía de las personas con discapacidad son cuestiones innegables desde un punto de vista ético y normativo, su efectividad en la práctica conlleva serias dificultades. En este sentido, el empleo es un factor determinante para lograr la materialización de la dignidad y ciudadanía de las personas con discapacidad. Disponer de un empleo favorece la normalización e implica un elemento de motivación y autoestima, así como de libertad personal a través de la independencia económica, significando, además, una trascendental palanca de socialización e inclusión social. He aquí el motivo por el que entidades como Fundación PRODE dediquen tanto esfuerzo a emprender y poner en marcha actividades que generen puestos de trabajo para personas con discapacidad. Hay mucho en juego.

 

One Comment

  1. Opal 13 de noviembre de 2019 at 18:16 - Reply

    Un estupendo post y bastante recomendable. Saludos

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