Desde el ámbito natural, tener un empleo podemos considerarlo como uno de los aspectos básicos para desarrollarnos personalmente. Disponer de un trabajo que nos proporcione económicamente un nivel de autonomía, que satisfaga la necesidad de relacionarnos, compartir y ser reconocidos, y también que nos haga sentir útiles en la vida, es imprescindible para nuestro desarrollo personal.

Si nos vamos a una perspectiva jurídica, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, recoge que toda persona tiene derecho a un trabajo sin discriminación alguna. A un nivel más próximo, el artículo 35 de nuestra Constitución contempla también que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. No obstante, somos conscientes de que esto es un orden imaginado que nada tiene que ver con la realidad. Sabemos que hay sectores, especialmente los más vulnerables de nuestra sociedad, con unos altos índices de desempleo y con grandes dificultades para poder acceder al trabajo. Las personas con discapacidad son el más claro ejemplo. En España trabaja una de cada tres personas con discapacidad entre los 16 y los 64 años, y si son personas con discapacidad intelectual, una de cada cuatro. Un dato alarmante es que el 39,6% de los jóvenes con discapacidad se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social según el 5º informe de Odismet.

Esta realidad nos obliga a analizar qué está fallando ante esta brecha tan dramática creada en el acceso al empleo entre estos vulnerables sectores de población y el resto de la sociedad. Afrontar este reto es principalmente corresponsabilidad de empresas, tercer sector y administración pública (local, autonómica, estatal y europea). Es imprescindible dejar a un lado el esfuerzo segmentado de cada una de estas partes y tener una visión integral compartida que permita racionalizar al máximo el trabajo y los recursos.

Se trata de desplegar un nuevo modelo que exija cambiar planteamientos desde la raíz. Se hace necesario abordar los apoyos desde el origen del problema. Una persona con discapacidad difícilmente accederá a un empleo acudiendo a una empresa o al correspondiente servicio público de empleo si no ha tenido la orientación y el acompañamiento adecuado a lo largo del tiempo.

Si el interés está en establecer un modelo que garantice la empleabilidad de los sectores vulnerables, lo importante no es financiar acciones puntuales sino un plan de acción eficaz que haga sostenible el despliegue de toda una estrategia previamente enfocada al desarrollo de todas las necesidades de este sector de población.

Hay muchas iniciativas orientadas a conseguir empleo en sectores especialmente vulnerables, pero cada una navega independientemente. Si se desea conseguir el éxito en esta cruzada frente al gran enemigo del desempleo, y especialmente en momentos de tormenta, es necesario que todos los esfuerzos estén guiados y dirigidos de forma inteligente por un comandante de flota: la administración pública.

No obstante, con carácter general, desde la administración pública hay una carencia importante de sensibilidad hacia este escenario. Iniciativas como la de ENAIRE, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, principal proveedor de servicios de navegación aérea y de información aeronáutica en España, de publicar una convocatoria de subvenciones de inserción laboral y creación de empleo para personas con discapacidad, debe servirnos de ejemplo del esfuerzo que desde la administración pública debe hacerse para sensibilizar y afrontar con seriedad el abordaje de esta necesidad.

Fundación PRODE

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