La crisis económica provocada por el COVID-19 está emergiendo, junto a la crisis sanitaria de la que se deriva, como un enorme desafío social en forma de tasas de decrecimiento y desempleo que se prevén históricas. Todo ello, sin olvidar que la crisis sanitaria está lejos de haberse resuelto y que permanecerá durante largo tiempo condicionando la vida.

Tras haber parado todo un país para combatir una pandemia inédita para las generaciones vivas, se plantea el desafío de la retoma de la actividad económica. Y por decirlo gráficamente, tras el tsunami, la playa no es la misma. En el centro de las prioridades se ha colocado claramente la seguridad sanitaria y eso lo ha transformado todo: la movilidad local y global, las preferencias de las personas, sus comportamientos y costumbres, las normas de convivencia…

Esta súbita transformación de la realidad afecta de manera claramente restrictiva a la actividad económica. Las empresas, en el corto plazo, tienen más difícil abrir sus puertas y vender sus productos y servicios, sea porque incurren en mayores costes, porque se ha reducido la demanda de sus productos y servicios, o porque su capacidad para producir y vender se ha visto recortada o limitada; o todo a la vez, algo nada infrecuente.

La incertidumbre viene a culminar esta situación contractiva. No es posible saber aún si nos encontramos ante una transformación coyuntural, una especie de paréntesis; o si, por el contrario, la realidad que ha traído el coronavirus ha llegado para quedarse, aunque sea a grandes trazos. Podemos elegir hasta cuatro letras del alfabeto (W, U, L, V) para describir la realidad económica que vendrá, en función del máximo optimismo (V) o máximo pesimismo (L) que proyectemos en las predicciones de crecimiento económico.

Ante esta situación, se impone un principio: el de la protección de las empresas viables. Es ineludible tomar todas las decisiones necesarias para proteger empresas e iniciativas que cuenten con bases sólidas, para que puedan readaptarse, rearmarse y volver a funcionar.

Fundación PRODE, lógicamente, no es ajena a esta realidad. Asume como un imperativo la toma de cuantas decisiones sean necesarias para proteger y asegurar la permanencia de la Entidad y del conjunto de sus empresas. Porque solo garantizando la pervivencia de Fundación PRODE será posible seguir mejorando la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual, seguir promoviendo la inserción laboral de personas con discapacidad, o seguir luchando por la igualdad de oportunidades.

Con prudencia, pero apostando por el futuro, Fundación PRODE ha retomado ya las actividades de las áreas laboral, social y de dependencia que habían sido suspendidas por la crisis del COVID-19. Consciente de que el presente y el futuro no son fáciles, y de que requerirán decisiones difíciles, la Entidad afronta la nueva normalidad con el mismo arrojo con el que hace casi 40 años un grupo de familias plantó cara a una realidad adversa que, no obstante, doblegaron y transformaron.