¿Qué avances supone la nueva ley respecto a la norma de 1999?

La recién aprobada Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, supone la adaptación de la normativa andaluza a la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad, superando la anterior Ley 1/1999. La nueva norma tiene como principales objetivos primar la garantía de derechos más allá del enfoque asistencial, con especial atención a mujeres y menores; dar prioridad a las políticas de empleo y a la igualdad de oportunidades, y garantizar la accesibilidad universal en sanidad, educación, vivienda, ocio, formación o servicios sociales. Por otro lado, refuerza la protección jurídica de las personas con necesidades de apoyo en la toma de decisiones así como de las personas con discapacidad en su calidad de consumidoras.

¿Qué papel han tenido las entidades y colectivos del ámbito de la discapacidad en la elaboración de la ley?

Como viene siendo habitual en el movimiento asociativo de las personas con discapacidad, éste ha estado presente durante todo el proceso de su elaboración, enriqueciendo el texto inicial presentado. Se trata de una Ley muy consensuada y que, gracias a las aportaciones recogidas, ha logrado abundar en la igualdad de oportunidades y la inclusión social de las personas con discapacidad. Me gustaría también destacar la implicación de los agentes económicos y sociales en su elaboración así como de todos los Departamentos de la Junta de Andalucía, cuyas aportaciones han contribuido a mejorarla.

La apuesta efectiva por la vida independiente, ¿es la constatación más clara del cambio de enfoque de la norma hacia un modelo social basado en las capacidades y en la interacción con el entorno?

Efectivamente, asumimos la nueva concepción de las personas con discapacidad que promueve la Convención y que pone el acento en el contexto, en la sociedad, así como en la necesaria adopción de medidas de acción positiva y de apoyos individualizados centrados en la persona. Así, la Ley promueve, por un lado, la accesibilidad universal a los diferentes entornos y servicios y, por otro, incluye apoyos y recursos dirigidos a facilitar una vida autónoma. De esta forma, recoge la obligación de impulsar viviendas para la promoción de la autonomía personal, ya sean tuteladas, compartidas o de otro tipo de apoyo a la vida independiente. Además, reconoce específicamente el derecho de las personas en situación de dependencia a la asistencia personal, instando a desarrollar las condiciones de acceso a esta prestación.

Para garantizar la igualdad de oportunidades, la ley otorga un papel ambicioso a la Administración, en el ámbito del empleo público. Sin embargo, ¿no cree que también sería necesario profundizar en instrumentos que afiancen a su vez la implicación de la empresa privada en el acceso al empleo?

El empleo es una materia esencial en la nueva Ley, con avances notables tanto para personas con discapacidad intelectual como para personas con enfermedad mental. Pero ello no significa que la Ley se olvide del empleo privado. Hay que recordar que Andalucía debe aprobar, y mantener vigente revisando cada cuatro años, un Plan de Empleo específico para las personas con discapacidad, en el que se incluyan medidas sobre el empleo ordinario (público y privado) y también protegido (Centros especiales de empleo y enclaves laborales) y que intente igualar las tasas de empleabilidad de hombres y mujeres con discapacidad. En la misma línea, se regulan medidas de acción positiva en el ámbito de la formación y en contratación pública socialmente responsable. Así, se establecen como obligatorios planes específicos de formación profesional para el empleo de las personas con discapacidad y se establece un porcentaje de reserva de la contratación pública de la Junta de Andalucía que se determine para Centros especiales de empleo.

En definitiva, cuando una ley llega al Parlamento para ser aprobada trae siempre implícita una petición de urgencia: la de atender a necesidades vitales de la ciudadanía que la reclama. En este caso, la urgencia de dar un paso más para la conquista de la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Es esa misma urgencia la que en nuestro caso nos lleva desde hace tiempo a invertir el dicho: con la Ley estamos haciendo la costumbre.