Toda iniciativa orientada a consolidar un sistema social garante de derechos para la ciudadanía, debe suponer un elemento más en el objetivo de construir una sociedad más justa y solidaria, y esa es la situación que nos encontramos ante la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía, cuyo proyecto de ley ha sido aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para su tramitación por el Parlamento andaluz.

Como objeto fundamental de esta norma está promover y garantizar el derecho universal de todas las personas a los servicios y prestaciones de los Servicios Sociales, en condiciones de igualdad, con el fin de alcanzar su pleno desarrollo individual y social.

Esta nueva ley sustituirá a la vigente desde 1988. Andalucía se ha transformado socialmente, habiendo experimentado en los últimos 27 años la aparición de nuevos riesgos y nuevas necesidades que, junto a la experiencia acumulada por los servicios públicos, obligaban a un nuevo marco para su desarrollo.

Se estiman como principales novedades la ampliación de derechos; el establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas, que podrán ser exigibles por la ciudadanía; la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social Digital para cada persona, y la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.

Respecto a los nuevos derechos, se podrá disponer de un profesional de referencia que garantice el carácter integral y la continuidad de la atención. Este profesional realizará la valoración, el diagnóstico y la prescripción facultativa de las prestaciones y recursos necesarios, además de ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones.

Es importante la inclusión del derecho del usuario, por primera vez, a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar.

Como mínimo, dentro del catálogo recogido en la ley, formarán parte del mismo los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; los programas de intervención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección y amparo de las víctimas de violencia de género y trata, y la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada.

De las novedades a destacar estaría la creación de la Historia Social Digital para todas las personas usuarias de los Servicios Sociales en Andalucía, en situación de dependencia, con discapacidad o titulares de tarjeta de familia numerosa; la creación de la Tarjeta Social Digital para todas las personas con derecho a los servicios sociales: las de nacionalidad española que tienen su residencia en Andalucía, las extranjeras empadronadas y residentes, las andaluzas en el exterior y todas aquellas que, encontrándose en la comunidad autónoma, sufran alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social; y la elaboración de un mapa de servicios sociales, que permitirá conocer las necesidades sociales de las distintas zonas, en el que se tendrán en cuenta criterios demográficos, geográficos, organizativos y de comunicaciones y sociales. Para terminar, también se prevé la puesta en marcha de la Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales.

Debe señalarse que para elaborar el documento enviado al Parlamento andaluz se ha contado con 2.119 aportaciones de corporaciones locales, consejerías de la Junta, colegios profesionales, agentes económicos y sociales, y otras organizaciones de la sociedad civil.