En el año 2000 se publica el Libro Blanco de la Atención Temprana, que marca un antes y un después en este ámbito en España. Es un manual elaborado por especialistas y asociaciones de profesionales de atención temprana en el que se acordó un modelo común de intervención que permitiera su planificación en todo el territorio nacional en igualdad de condiciones.

Sin embargo, la realidad todavía dista mucho de las propuestas del Libro Blanco, dado que no todas las comunidades autónomas cuentan con normas específicas que regulen este tema; existe una gran variedad en cuanto a los requisitos de acceso a este derecho, que debe ser universal y gratuito.

En nuestra comunidad, sin embargo, hay razones para el optimismo. Recientemente se ha aprobado el Decreto 85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la intervención integral de la Atención Infantil Temprana en Andalucía. Este Decreto garantiza los principios de universalidad, gratuidad y equidad, a la vez que favorece la descentralización con unos servicios próximos al entorno familiar, accesibles y organizados en relación a las necesidades de los menores y sus familias; incluye la exigencia del cumplimiento de una serie de estándares en los procesos asistenciales, apoyados en la mayor evidencia científica posible.

Esta norma es pionera por dos razones: en primer lugar regula la creación de unidades específicas de valoración en el Servicio Andaluz de Salud y, en segundo lugar, establece un tiempo máximo de respuesta de 30 días para la misma.

De este modo, se dispone la creación de un mínimo de 11 Unidades de atención temprana en las ocho provincias andaluzas con refuerzos para Cádiz, Málaga y Sevilla, formadas por profesionales de pediatría y psicología, que se encargarán de valorar las necesidades de los menores sobre la base de un diagnóstico funcional que incluye el estudio de las familias y el entorno. Asimismo, serán las responsables de decidir la derivación a uno de los 163 centros de atención infantil temprana (CAIT) que funcionan en Andalucía.

Se regula también la composición y funciones de los equipos provinciales de atención temprana (EPAT). Sus miembros pertenecerán a los tres ámbitos en los que se desarrolla la atención temprana infantil (sanitario, educativo y servicios sociales) y contarán con titulación, formación específica y experiencia en esta materia.

El desarrollo de estas previsiones supondrá triplicar progresivamente el presupuesto anual de la prestación hasta alcanzar los 33 millones en 2019, siendo el incremento total para los próximos cuatro años de 23 millones.

El decreto aprobado por el Gobierno andaluz establece la elaboración del Plan Integral de Atención Infantil Temprana, que consolidará un modelo de intervención uniforme y multidisciplinar con la participación de los agentes sociales. El documento, cuya redacción ya ha comenzado, incluirá fundamentalmente programas orientados a reducir la incidencia y gravedad de las alteraciones del desarrollo, con acciones complementarias desde los sistemas sanitario, educativo y de los servicios sociales.