La nueva ley General de Salud Pública aprobada el 22 de septiembre establece que desde el pasado 1 de enero, los parados de larga duración que ya han agotado la prestación o el subsidio de desempleo recuperarán su derecho a una asistencia sanitaria pública. El objetivo de dicha norma, impulsada por el Gobierno socialista, es garantizar la universalización del Sistema Nacional de Salud y, a tal efecto, extiende el derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los ciudadanos residentes en territorio nacional a los que no se les reconoce en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico. 

 

Hasta ahora, y según las estimaciones de Sanidad, en España había cerca de 200.000 personas que, por diferentes motivos (parados que han agotado la prestación o el subsidio de desempleo, o determinados colectivos profesionales) permanecían fuera de la sanidad pública. Esto hacía que “legalmente” las comunidades pudiesen negarse a ofrecerles atención sanitaria ordinaria, “no así en urgencias”, según el ex secretario general de Sanidad Alfonso Jiménez.

 

Desde el 1 de enero este número se reduce, ya que los 40.000 parados que perdieron su prestación y no pudieron acogerse a alternativas –ser beneficiarios de otros titulares o acreditarse como persona sin recursos– recuperan el derecho a la asistencia que tenían cuando cotizaban.

 

 

Fuente: La Vanguardia